Más oportunidades para la democracia

El 2009 no sólo será el año de la crisis financiera internacional. Al menos en nuestro país éste puede ser también un tiempo excepcional, que permita avanzar en la agenda democratizadora. Es posible que a corto plazo se abran espacios inéditos de participación ciudadana para la profundización del carácter ciudadano de la gestión pública. Si es así, en este año podremos contar con nuevos instrumentos y mecanismos que la sociedad civil debe estar dispuesta a apoyar y acompañar decididamente.

Hace poco el proyecto de ley que crea en la Constitución la figura del Defensor de las Personas alcanzó el quórum necesario para ser aprobado en la Cámara. El proyecto constituye un largo anhelo de los sectores democráticos, que han demandado por largos años esta institucionalidad. Sin duda, la perseverancia del Capítulo Chileno del Ombudsman y de diversas ONG defensoras de derechos humanos ha permitido que este proyecto no haya desaparecido de la agenda pública y la discusión parlamentaria. Se trata de un gran logro de la sociedad civil, que es necesario consolidar por medio de su aprobación en el Senado. Esperamos que los proyectos de ley "Antidiscriminación" y sobre "Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública" logren avances relevantes en este período legislativo. Al mismo tiempo, este año ha empezado a operar el Consejo para la Transparencia, mandatado para proteger el derecho de acceso a la información de todas las personas. Son iniciativas que permitirán fortalecer la sociedad civil, elemento esencial de una democracia moderna y efectiva, abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de sus ciudadanos.

Pero tal vez el elemento más novedoso y que en 2009 podremos ver operando será el "Instructivo presidencial sobre participación ciudadana". Este documento, entregado por la Presidenta Bachelet el 21 de agosto de 2008, dice que cada organismo de la administración del Estado deberá establecer una norma general de participación que contemple mecanismos que fomenten la inclusión de la comunidad en el desarrollo de las políticas públicas.

Estas normas deberán ser presentadas a la ciudadanía durante abril y obligarán a cada órgano de la administración del Estado a establecer "consejos de sociedad civil" que tendrán carácter consultivo y se conformarán de modo que obedezcan a los principios de diversidad, representatividad y pluralismo. Cada entidad gubernamental deberá implementar cuentas públicas participativas de periodicidad anual, y abarcarán el conjunto de la gestión de sus políticas, planes, programas, y su ejecución presupuestaria. Para ello deberán tener a disposición de la ciudadanía, de forma permanente, amplia información sobre su labor.

Estas iniciativas otorgan una mayor institucionalización a la participación ciudadana. Se trata de una dimensión fundamental de todo sistema democrático, porque contribuye a que los derechos y deberes establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos por todos y todas. Por ello, la apertura de estos mecanismos novedosos en el Estado debe ser acompañada de forma entusiasta por la sociedad civil. Se trata de ventanas de oportunidad que una vez que comienzan a operar permiten insospechados avances. En las manos de una ciudadanía consciente y fortalecida, los instrumentos de participación pueden hacer la diferencia entre la pasividad y el fatalismo o la exigibilidad de derechos declarados, pero nunca ejercidos por falta de fuerza y capacidad política de nuestras organizaciones.

Recordemos que estos espacios de participación no son una dádiva o un privilegio que concede un potentado. Se trata de la concreción de una agenda de larga data, que ha encontrado en la Presidenta Bachelet el eco suficiente para avanzar de forma sostenida. Pero sin la permanente presión participacionista, que por años ha sostenido que la inclusión y deliberación ciudadana son la mejor garantía para cualificar la gestión pública, los avances hubieran sido imposibles. Son conquistas que es necesario consolidar por medio de la incorporación de las demandas más diversas, de los sueños postergados y de las miradas ignoradas, que ahora pueden ser reconocidas en toda su dignidad.

¿PODREMOS VIVIR JUNTOS?

La aprobación de una ley contra la discriminación, como la que se tramita actualmente en el Congreso, debería ser un motivo de orgullo y alegría compartidos por toda la ciudadanía. Debería movilizar activamente a todos: laicos y creyentes, jóvenes y viejos, conservadores y liberales. Sin embargo, el curso del debate ha revelado la hipocresía de algunos sectores religiosos que aspiran a un mayor reconocimiento social en el país, pero no están dispuestos a que ese proceso de dignificación alcance a al país en su conjunto, sin distinción. Aspiran a una ley que les preserve a si mismos de la discriminación, pero que les garantice discriminar impunemente a los demás.

Es incomprensible que los mayores obstáculos y reservas ante una ley que permite detener la violencia contra los migrantes, los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los pobres, y los excluidos provenga de un sector fundamentalista, que se arroga la representatividad de todas las Iglesias Evangélicas.

Esta situación sólo se puede explicar por la voluntad de un grupo de líderes eclesiales que ha olvidado poner el bien común por sobre sus miedos, prejuicios e intereses particulares.
No es posible seguir tolerando, que en nombre de la libertad religiosa algunos pastores utilicen su rol para fomentar el odio y la violencia, en especial contra personas que consideren pecadores, como homosexuales u otros colectivos sociales sociales. No es posible que la legislación chilena avale o justifique este tipo de prácticas.

Aunque una iglesia o culto considere en su doctrina que la homosexualidad es un pecado o que las prostitutas son impuras o que los otros grupos religiosos están en el error y son despreciables, el Estado no puede tolerar que esta convicción particular se traduzca en prácticas violentas o atentatorias de los derechos de un sector de la población.
Si eso se permite, deberíamos aceptar que en el futuro volviéramos a tener cementerios exclusivos para los ciudadanos de un credo religioso, o la instauración de "religiones de Estado", como conoció nuestro país hasta la promulgación de la Constitución de 1925.

Esta polémica obliga a recordar la pregunta que Alain Touraine lanzó hace algunos años: ¿Podemos vivir juntos? ¿Basta para ello decir que pertenecemos a la misma sociedad o la misma cultura? Creo que sólo podemos vivir juntos si aceptamos que todos somos simultáneamente iguales y diversos. Y por ello, si debemos compartir un mismo país es necesario que todos seamos capaces de poner nuestras identidades en tensión creativa, con el fin de preservar y ampliar las libertades personales y colectivas que nos permitan hacer de Chile una verdadera sociedad democrática.